En un movimiento que ha capturado atención la pública y generado preocupaciones sobre la gestión de los recursos estatales, la Contraloría General de la República de Costa Rica ha iniciado una investigación en torno a posibles irregularidades en el contrato del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) . Este contrato, firmado en 2017 entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), involucra más de 200 millones de dólares y está ahora bajo el escrutinio detallado de las autoridades.

Fuentes de Telenoticias revelaron que la Contraloría recibió denuncias apuntando a fallos en los procedimientos de contratación y falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos. El documento obtenido sugiere que, a pesar de las importantes inversiones realizadas, el contrato adolece de controles adecuados y una clara trazabilidad, creando un terreno fértil para prácticas indebidas.

En defensa de la colaboración entre la CCSS y el ICE, Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, aseguró a Teletica.com que el EDUS no solo representa un negocio esencial para el ICE sino también un sistema crucial para la operatividad de la CCSS. “A pesar de las discusiones preliminares y los desacuerdos iniciales, ambas partes hemos trabajado para mantener el contrato activo y garantizar la continuidad de los servicios”, explicó Acuña en marzo de 2024.

No obstante, la Dirección Jurídica de la CCSS ha levantado banderas rojas, actualmente bajo análisis, sobre la extensión del contrato que había expirado en marzo de este año. Esta extensión se concedió pese a las advertencias sobre las anomalías detectadas.

El caso ha escalado hasta llegar a manos de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, quienes ahora deberán determinar la legitimidad de las operaciones y la correcta utilización de los fondos públicos.

El EDUS, como sistema integral en el sector salud, facilita la interacción entre pacientes y profesionales médicos a través de una plataforma digital. La efectividad y seguridad de este sistema son vitales para millones de costarricenses que dependen de la CCSS para su atención médica.

Este caso continúa desarrollándose y es un recordatorio crítico de la necesidad de vigilancia e integridad en la administración de los proyectos públicos.